En pleno siglo XXI, la pobreza extrema y las desigualdades económicas tanto en el contexto global como en el seno de los países teóricamente más desarrollados, continúa siendo una lacra que está lejos de repararse y, más aún, que parece encontrar cada día nuevas brechas a causa de los desequilibrios producidos por los desregulados sistemas económicos ultraliberales y el desprecio de las políticas sociales. En aras de alcanzar la deseable estabilidad mundial, los organismos estatales y supranacionales, así como los códigos deontológicos y de buena praxis de las empresas privadas, deben hacer hincapié en un desarrollo sostenible que incentive aspectos como la inclusión social y el respeto por el medioambiente. Entre los objetivos posibles se encuentra crear una red laboral
ajustada a la demanda de empleo y que cumpla con unas condiciones socioeconómicas justas, principio ineludible para lograr una reducción en el nivel de pobreza de la población y un incremento en su calidad de vida, siempre teniendo en cuenta la atención a la ecología, fundamento ineludible para la supervivencia física futura del hombre, en lo que respecta a la creación de deshechos asociados a la actividad económica o a la necesidad de adquirir una tecnología compatible con ciertas premisas de ecosostenibilidad. Dado que en la mayoría de regiones la fuente de trabajo es la empresa privada, en especial en aquellos países en vías de desarrollo y abiertos a la creación de un tejido industrial, gran parte de esta responsabilidad ética recae sobre las empresas, sea cual sea el sector de su desempeño (talado forestal, pesca, juguetería, automovilística, fabricación de motorreductores, papelería, industria petrolera, envasado de alimentos,…).
Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se promueve “un enfoque sostenible basado en las personas para el desarrollo de las empresas”. En este sentido, desde un triple enfoque empresarial, social y ecológico, se pretende la concatenación del crecimiento empresarial, objetivo inicial de toda entidad privada, con la creación de una base de empleos productivos, unas condiciones laborales dignas y una adquisición de pautas sostenibles.
Para la materialización de dichas aspiraciones, suelen aparecer obstáculos de orden interno, relacionados con las habilidades y capacidades gestoras del empresario, que se relacionan con la incompetencia personal de la cúpula directiva, las carencias de información acerca de la actividad industrial y las condiciones del segmento de mercado, el desfase de la estructura tecnológica o la insensibilidad o la negligencia hacia los problemas sociales y ecológicos, que pueden redundar a su vez en la pérdida de eficacia productiva de la firma.
Por otro lado, el contexto económico, político y social es otro factor que determina el funcionamiento de la empresa. Dentro de este ámbito corresponde atribuir factores que perjudican el desarrollo sostenible, como la dificultad de acceso a crédito y financiación pública, a las trabas en cuestiones de infraestructura, las lagunas legislativas y políticas, la excesiva burocratización de los trámites empresariales o la demanda insatisfecha de trabajadores cualificados. Se trata por lo general de dificultades que acechan de manera más evidente a países con menor desarrollo económico y a pequeñas de menor peso financiero. Contra ello, se exige la creación de un marco de actuación adecuado para la correcta actividad empresarial, con el debido respaldo inicial para su despegue y adquisición de competitividad de mercado, y, por ende, para la instauración de condiciones favorables hacia el entorno social de la empresa.
En respuesta a esta perspectiva que engloba a empresarios, estructura política y trabajadores, facilitada por el contacto directo entre ellos a través de su actuación, la Organización Internacional del Trabajo aboga por la construcción de un marco estratégico fundamentado en tres puntos básicos: la creación de condiciones idóneas para que las empresas sostenibles prosperen y generen ocupación, estimular al empresariado para que colmen sus expectativas en cuanto a la fundación y puesta en marcha de empresas y en el fomento de los espacios de trabajo sostenibles y responsables, paso prioritario para una mayor tasa de productividad propiciada por la armonía en las relaciones laborales y para la modulación equilibrada y racional de las emisiones medioambientales derivadas de la acción económica.
La aplicación de estos principios se extiende al tejido empresarial en su conjunto, desde las microempresas hasta las multinacionales, pasando por las pymes, independientemente de su estructura empresarial (sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades unipersonales, cooperativas, empresas sociales…). La OTI se encuentra en disposición de, por medio de su asesoramiento y guía práctica, robustecer las instituciones relacionadas con el entorno laboral y empresarial y colaborar en la evaluación, reforma y ajuste de las directrices políticas, legislativas y judiciales pertinentes para cumplimentar los objetivos propuestos; esto es, para el fomento de la inversión y la iniciativa pública y privada que permita hallar un punto de encuentro y conciliación entre las necesidades e intereses de la empresa y los requisitos planteados desde la sociedad a la que pertenecen, espacios ambos que implican por igual a trabajadores y contratantes. Ayudar al empresario con el desarrollo de políticas de formación, prestación de servicios, la mejora de los canales de información, el incentivo de la tecnología, la facilidad en el acceso a infraestructuras establecidas y la apertura de canales crediticios asequibles supone, del mismo modo, ayudar al trabajador potencial de dichas empresas, ya que constará en su medio laboral de unas relaciones sólidas basadas en la responsabilidad y la concienciación. El diálogo social y la defensa de la negociación colectiva como herramienta imprescindible de relación, es por tanto una premisa ineludible en el plano de la gestión de recursos humanos. En paralelo, esta conciencia solidaria debe ser también el eje rector de la política medioambiental de la compañía, independientemente del tamaño y la cantidad de emisiones que produzca en sus rutinas.
Así, los puntos esenciales de este proceso son:
- Reforma del entorno empresarial. Consiste en la evaluación del contexto económico, político y social de la empresa, identificar los ámbitos de actuación y ajuste necesarios –cultura empresarial y gobernanza, entorno jurídico y normativo, organización social – y redactar planes detallados para su posible modificación.
- Impulso de la cantera empresarial. La formación es un aspecto elemental en la conformación de una cultura empresarial, unos conocimientos prácticos y unos códigos deontológicos imprescindibles para la aparición de un tejido empresarial consistente y próspero. Los planes de actuación educativa deben implementarse desde la formación profesional hasta los estudios universitarios.
- Promoción del cooperativismo. Las organizaciones cooperativas han demostrado ser una inestimable fuente de puestos de trabajo y una estimable fuerza para la cohesión y la justicia social y laboral.
- Incentivos a las economías locales. El desarrollo de un tejido empresarial sólido, responsable y sostenible a escala local es la plataforma sobre la que debe asentarse una sociedad rica en valores y solvente en lo material. Ello conlleva la integración y participación activa de grupos en riesgo de marginación laboral como los jóvenes y las mujeres.
